Salida de Chevron y otras empresas reducirá la producción petrolera en aproximadamente 40%

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El economista Manuel Sutherland, analizó en el programa «Petroguia» las implicaciones de la posible salida de Chevron y otras transnacionales del país debido a la revocatoria de licencias. La finalización de la licencia 41B el 27 de mayo podría significar la salida inmediata de estas empresas, lo que reduciría la producción petrolera en aproximadamente un 40%, afectando la economía y las divisas del país en unos 400 millones de dólares mensuales. La sustitución de esa producción sería difícil por la necesidad de inversión y tecnología, y afectaría la importación de insumos clave como diluyentes y petróleo oliviano, además de disminuir los ingresos fiscales y complicar la venta del petróleo venezolano en mercados internacionales, dijo.

Sutherland también comentó que, aunque una extensión de dos meses en las licencias podría aliviar temporalmente la situación, la salida definitiva de las transnacionales sería un golpe duro para la industria petrolera y la economía nacional. La capacidad de PDVSA para reemplazar a estas empresas es limitada debido a la falta de capital, tecnología y mercados, además de las sanciones internacionales que dificultan la colocación del petróleo.

Respecto a China, señala que su participación en la exportación de petróleo venezolano ha disminuido desde 2012, y actualmente solo compra petróleo con altos descuentos, sin ofrecer soluciones a largo plazo. En cuanto a las sanciones, el especialista opina que no han sido completamente entendidas por la población, y que su impacto en la economía y en la sociedad es profundo, especialmente en los sectores más vulnerables. Además, advierte que las sanciones podrían intensificarse y que, en general, no generan cambios políticos por sí solas, sino que forman parte de un conjunto de acciones.

Finalmente, destaca la falta de acciones humanitarias efectivas para mitigar el daño social causado por las sanciones y critica la poca inversión social de las empresas transnacionales en Venezuela, que en lugar de contribuir al bienestar de la población, han priorizado reducir deudas sin apoyar programas sociales.

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