La pandemia por el Covid-19 ha planteado numerosos escenarios en materia de seguridad ciudadana. Pero uno que difícilmente podría ser avizorado se está planteando en Venezuela: el surgimiento de un mercado negro de vacunas.
Como sabemos, los procesos de vacunación avanzan en forma desigual. De una parte, naciones como Israel, noruega y estados unidos han logrado altos porcentajes de sus poblaciones inmunizadas, mientras que otras como Bolivia, Nicaragua y Venezuela, apenas están iniciando el suministro de las dosis, en virtud de la indisponibilidad de las vacunas. Lo que a su vez es una consecuencia directa de acciones y omisiones de esos estados.
En el caso venezolano, hasta la primera semana de mayo habían llegado apenas un millón de dosis, procedentes de Rusia y China, lo cual solo garantizaría la completa inmunización de medio millón de personas, toda vez que se trata de vacunas que requieren dos inyecciones.
Del otro lado, existe una creciente presión para que la gente se vacune. Considérese, por ejemplo, la posibilidad de que ciertos países impidan el acceso a turistas que no posean la constancia de vacunación contra el Covid-19, tal y como se hacía con la fiebre amarilla.
Esto genera una creciente necesidad de lograr la inmunización en un lugar donde las vacunas están reducidas a una pequeña élite. El resultado es la generación de un mercado negro de vacunas.
Las primeras informaciones sobre los pagos por la inmunización fueron conocidas gracias a representantes de organizaciones no gubernamentales que monitorean la situación. Según lo indicado de manera extraoficial, para febrero de este año la vacuna Sinopharm de origen chino era vendida en 400 dólares en el occidente y los andes.
Posteriormente, se conoció de empresas en el estado vargas a las que estaban ofreciéndoles paquetes de vacunas a 200 dólares, siempre y cuando llevaran a varias personas, con lo que esta cantidad se multiplicaría.
En abril, el infectólogo Julio Castro alertó sobre la exigencia de pagos por las vacunas que en teoría son gratuitas. Y el 12 de mayo hizo lo propio la parlamentaria Dinorah Figuera, quien incluso señaló que cobraban cantidades que oscilan entre 300 y 600 dólares.
Todo esto surge por la inexistencia de un plan claro para la inmunización de la población frente a este mal, unido a la escasez crónica de las dosis.
En lo personal, varias personas han consultado a quien le habla sobre la pertinencia de pagar para vacunarse. La respuesta, en todos los casos, ha sido que no es lo apropiado, pues además de instaurar un mecanismo ilegal no existe ninguna garantía en cuanto al cumplimiento de los protocolos de cadena de frío que son necesarios para la conservación de estas vacunas. Con lo que los pagos, además, podrían ser dinero perdido.