El gobierno de Nicolás Maduro lejos de obrerista ha demostrado que es un gran destructor de los puestos de trabajo debido a sus malas políticas económica y laboral, que han ocasionado una estampida de personal en el sector público y privado, aseguró Servando Carbone, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores. “Solo en la administración pública ocurren diariamente entre 300 y 400 renuncias”, afirmó.
Añadió que el enorme éxodo laboral, la persecución política, los bajos salarios, abatidos por la hiperinflación, y la negativa del Ejecutivo a establecer un diálogo social tripartito son pruebas irrefutables del irrespeto oficial que llevaron a la Organización Internacional del Trabajo a designar en marzo pasado una comisión de encuestas.
“La comisión de encuesta es la máxima sanción que la OIT puede aplicar a un país, y en el caso de Venezuela se debe a que se le dieron todas las oportunidades a las autoridades del trabajo para rectificar y no lo hicieron”, destacó Carbone.
Los sindicatos calculan que se han perdido 5 millones de empleos formales en el sector público y privado como consecuencia del éxodo de trabajadores y la caída del aparato productivo, por el cierre de empresas y comercios o su funcionamiento a media máquina.
Esta situación y el irrespeto a las libertades económicas, con persecución, expropiaciones y confiscaciones, además de la resistencia del gobierno a fijar el salario mínimo dentro del diálogo tripartito, llevó a Fedecámaras a introducir una queja en la OIT a través de la Asociación Internacional de Empleadores.
El sindicalismo independiente respaldó la iniciativa, a la que incorporó sus reclamos sobre la violación oficialista de los derechos del empleo digno con salario decente, la libertad sindical y la no persecución por discriminación política.
“Todo esto decantó en la comisión de encuesta aprobada en marzo por el Consejo de Administración de la OIT”. Destacó que al gobierno de Maduro se le complica aún más el entorno internacional con la posible aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.
Carbone resaltó que “de nada valdrá una posible negativa del gobierno a que la comisión de encuesta venga a Venezuela porque esa instancia puede citar a los actores laborales en una ciudad de los países fronterizos y elaborar el informe definitivo.
El sindicalista recordó que “la comisión de encuesta de la OIT fue un factor que ocasionó el cambio de gobierno en la Polonia comunista en 1989 a raíz de la queja introducida por el sindicato Solidaridad”.
Lluvia de reclamos. El expediente de Venezuela en la OIT tiene más de 120 denuncias de los sindicatos y empresarios contra el gobierno desde 1952 hasta 2017, dossier que engrosó con los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha llegando a 66 casos.
El dossier contiene quejas ante las instancias de la OIT como los Comités de Libertad Sindical y Expertos. Para 1952, en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con todas las organizaciones sindicales y democráticas proscritas y operando en la clandestinidad, hubo 8 denuncias contra el gobierno y la designación de una comisión de encuesta que ocasionó la expulsión de Venezuela de la OIT.
El siguiente reclamo es de 1964 y de esa fecha hasta 1998 hay 47 casos referidos a incumplimientos de los empleadores (Estado y empresas privadas) a los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical y contratación colectiva. En la etapa chavista, la característica es que todas las denuncias presentadas por organizaciones empresariales y de empleadores privados son contra el gobierno.
El Dato
El viceministro del Sistema Integrado de Inspección Laboral, José Ramón Rivero, afirmó en la 107 Conferencia de la OIT, reunida en Ginebra, Suiza, del 28 de mayo pasado hasta hoy, que el gobierno venezolano cumple el pago de las pensiones y los aumentos por homologación con el sueldo mínimo, pese a las sanciones del imperio estadounidense y sus socios.
Créditos: El Nacional
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