La trata de personas es una de las manifestaciones más crudas de la delincuencia organizada. En vista de esto, se trata de un delito relativamente novedoso en la legislación venezolana.
La Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo en su artículo 41 fija penas de prisión como mínimo de veinte años para quien “promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de la víctima, directamente o a través de un intermediario, o urna persona que tenga relación de autoridad sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual; como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima”.
Como se puede ver, la trata de personas abarca una cantidad importante de conductas ilícitas mediante las cuales se intenta obligar a terceros a ejercer la mendicidad, el trabajo en condiciones de esclavitud o incluso la prostitución, que es una de las manifestaciones más visibles de esta forma de delito.
La trata de personas es por esencia una forma de delito organizado. Sin esa calidad de organización no se podrían tender las redes o relaciones necesarias para, por ejemplo, obtener los documentos de identidad de las personas que van a ser victimizadas, lograr facilidades en las salidas y accesos a los distintos puntos del globo donde se producirá este comercio humano. Sin organización, tampoco se podría legitimar los ingentes capitales que produce esta actividad.
la profunda crisis económica que vive Venezuela está empujando a sectores cada vez más numerosos de la población a situaciones de vulnerabilidad que las hacen susceptibles de caer en poder de estas organizaciones, ávidas de hombres y mujeres jóvenes con los cuales poder generar una ganancia en los países de destino.
Esta es una de las razones por las que la organización internacional de policía Interpol ha formado un grupo de trabajo especial para investigar y atacar estas redes internacionales, que además se benefician enormemente del creciente aislamiento del estado venezolano. Se ha detectado la existencia de estructuras dedicadas a la captación de personas para incorporarlas a estas redes, tanto en Bolívar como en Sucre, Táchira y Caracas. Un elemento indispensable para que estas organizaciones puedan prosperar es la corrupción, lo que representa un gran desafío para el propio estado venezolano.
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