El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó en suspenso este miércoles su decisión sobre si abre un juicio y autoriza la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega.
El plazo de cinco días que se fijó el máximo tribunal para pronunciarse se agotó este miércoles, pero el veredicto puede dilatarse, ya que el Código Orgánico Procesal Penal da un lapso de 30 días para decidir este tipo de casos, recordó a la AFP el penalista Jesús Ollarves.
«Pueden estar tomándole el pulso a la situación política antes de decidir», estimó.
Ortega criticó al gobierno al inicio de las protestas opositoras que exigen la salida de Maduro y dejan más de 90 muertos desde el 1 de abril.
La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de «mentir» al afirmar que no avaló la designación, según ella «amañada», de 33 magistrados del TSJ por el anterior Parlamento chavista, en 2015.
El constitucionalista José Ignacio Hernández no descarta que el TSJ “acusado de servir al gobierno” postergue la decisión porque ordenó una prueba grafológica para determinar la autenticidad de una firma con la que, según Carreño, la fiscal avalaría en un acta el nombramiento de los jueces.
«Es un proceso absolutamente viciado», declaró Henrique Capriles, que, al igual que la mayoría de opositores, apoya a Ortega.
Por su parte, periodistas de la fuente política reportaron a través de sus cuentas en Twitter que finalizó la sesión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin que en esta se tratara el antejuicio de mérito solicitado por el diputado oficialista Pedro Carreño contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Los comunicadores también indicaron que los accesos al TSJ se han mantenido cerrados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes no permitieron el paso a la prensa.
