Ante la caída de los ingresos petroleros y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos -que involucra el fin de la licencia a Chevron en Venezuela-, el gobierno de Nicolás Maduro optó por trasladar la carga financiera al sector privado, aumentando los impuestos y las tarifas de los servicios públicos.
La medida busca compensar la pérdida de divisas, pero amenaza con ahogar a las empresas que aún operan en entorno adverso.
Más impuestos para el sector privado, cada vez más débil en Venezuela
Empresarios y analistas coinciden, según la agencia de noticias Reuters, en que el nuevo esquema fiscal está dificultando aún más la recuperación de la empresa privada. Desde enero, Maduro pidió duplicar la recaudación tributaria -que el año pasado fue de 5.200 millones de dólares-, y en abril firmó un decreto de emergencia económica que le permite eliminar exenciones fiscales.
En el primer trimestre del año, los ingresos fiscales aumentaron aproximadamente 20%, de acuerdo con datos citados por Reuters. Además, los servicios públicos -históricamente subsidiados- han duplicado sus tarifas en el último año, según el Observatorio Financiero Venezolano.
Los empresarios no tienen respuestas
Representantes del sector empresarial se han reunido con autoridades gubernamentales en busca de revisar algunos tributos, pero sin éxito.
De acuerdo con una encuesta reciente de Conindustria, 77% de los industriales considera que la carga fiscal es hoy el principal obstáculo para operar. El 60% espera que su producción se mantenga igual o incluso disminuya en los próximos meses.
“Cualquier impuesto adicional que se pague provendrá del capital de trabajo”, advirtió Luigi Pisella, presidente de Conindustria, a la agencia de noticias.
También propuso ampliar la base impositiva para no seguir asfixiando a las empresas activas.
Un empresario entrevistado por Reuters dijo: “Cuando no tienes capital de trabajo, dejas de crear empleos”.
Las consecuencias: menos empleo, más cierres
El impacto ya se refleja en las expectativas laborales. Según Conindustria, las grandes empresas no planean aumentar su personal, y las medianas proyectan incluso una reducción cercana a 1%.
Simultáneamente, comerciantes del interior del país reportan el cierre de locales con baja facturación.
“Cuando un cliente paga por un producto, está pagando una buena parte de los impuestos que el comerciante le entrega al Estado”, comentó un empresario. Además, alertó sobre el peso de los impuestos municipales, que agravan los precios al consumidor.
Las fábricas locales, a diferencia de muchas empresas extranjeras que importan productos terminados, enfrentan múltiples tributos por operar en varios municipios.
“Para las empresas con producción local el impacto es aún más crítico”, explicó a Reuters el directivo de una firma internacional.
En el oficialismo, el aumento de la recaudación es presentado como un logro.
“Con una mayor recaudación fiscal se han podido aliviar los momentos económicos difíciles. Debemos agradecer al sector privado, que ha hecho una contribución considerable”, dijo a Reuters el diputado José Vielma Mora.
Analistas, sin embargo, no comparten el entusiasmo. Para el economista Luis Bárcenas, de Ecoanalítica, los impuestos son simplemente “un salvavidas para el gobierno”.
Su firma estima que la recaudación podría llegar a los 13.000 millones de dólares este año y que las empresas ya destinan la mitad de sus ganancias al pago de tributos.
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