Según el experto en temas electorales, Eugenio Martínez, Venezuela necesita un árbitro electoral institucional e imparcial que procure la transparencia e integridad idónea y permita la consolidación de los derechos a elegir y a ser electos.
Asimismo, es vital la participación ciudadana, y también generar cambios institucionales y legales en el corto y mediano plazo, indicó el también periodista.
Aseguró que las decisiones de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), no pueden garantizar la confianza de la población en el proceso electoral y en sus resultados.
“La confianza de los procesos electorales comienza con una serie de factores como el arbitraje electoral institucional, la seguridad jurídica y un marco regulatorio de cuentas claras de competitividad”.
Martínez sostuvo que el proceso convocado al 6 de diciembre representa para los venezolanos una realidad de confrontar.
“No solamente con una nueva autoridad electoral, sino con un nuevo sistema político electoral y de votación donde en ninguno de los elementos que se han discutido hasta el día de hoy se abordan las reformas institucionales y legales necesarias”
Consideró que es necesario hablar de elecciones en condiciones especiales, con preponderancia de las normas sanitarias necesarias para evitar la propagación del COVID-19, del régimen jurídico de los rectores del CNE.
Además de cambiar las competencias del CNE, sembrar normas en el Plan República, el registro electoral y su actualización.
“También se debe hablar de cómo debe ser la convocatoria y las postulaciones de los procesos electorales, de la campaña electoral, del funcionamiento y de las atribuciones de los organismos electorales subalternos”
Entre otros puntos que mencionó como las auditorías y el derecho al acceso al material electoral y/o la nulidad de los actos electorales.
“Para hablar de elecciones transparentes en Venezuela se necesita muchos elementos que al día de hoy no se han abordado en este proceso que se ha adelantado”.
También destacó que hay que entender que el voto es un derecho humano consagrado dentro de los principios de los deberes políticos y civiles desde 1976 y que la violación sistemática de estos derechos humanos ha traído la grave crisis institucional actual.
