Informar en confinamiento se ha convertido para el ejercicio del periodismo en una suerte de voto de silencio. La ONG Espacio Público ha recopilado una serie de hechos que así lo comprueban.
La persecución, el acoso y hasta la cárcel, son algunas de las prácticas que han vivido los periodistas desde que se decretó el estado de Alarma Nacional desde enero hasta abril de 2020.
La ONG Espacio Público se ha dedicado a recopilar los datos que, tras cuatro meses de confinamiento han vivido los periodistas que desean informar de los hechos más relevantes y dan cobertura de la pandemia por COVID-19 en el país.
El virus de la desinformación: enero – abril 2020
En el primer informe de 2020 la ONG, liderada por Carlos Correa, publicó en el mes de abril, los eventos que desde enero se acumulaban en contra de la prensa.
El 2020 inició con restricciones directas a la cobertura de la situación política.
La agudización del conflicto en la Asamblea Nacional ante los impedimentos para la juramentación e instalación de la nueva junta directiva conllevaron a escenarios de violencia para negar el acceso y la cobertura de los acontecimientos.
«En el primer cuatrimestre del año se registraron al menos 161 casos que se traducen en 442 violaciones al derecho a la libertad de expresión»
Esto implicó una disminución del 41% respecto al total de casos y una reducción del 22% con relación al total de violaciones durante el mismo periodo del año 2019.
Durante el primer mes del año, se registraron más de 100 denuncias de violaciones, con un alto componente de confrontación física y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados.
Las limitaciones a la búsqueda de la información política escalaron a mayores niveles de violencia durante febrero, donde reaparece el discurso hostil hacia la prensa como narrativa legitimadora de las agresiones.
- El 11 de febrero, al menos una decena de trabajadores de la prensa fueron agredidos por un grupo de simpatizantes del gobierno nacional, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mientras esperaban el arribo de Juan Guaidó.
- Varios resultaron con lesiones físicas producto de las golpizas
Marzo sumó más del 37% de los registros, en un contexto de limitaciones extendidas hasta abril a partir de la circulación de información sobre la pandemia del Covid-19.
Privaciones ilegítimas de libertad, restricciones indirectas a la cobertura y la arremetida a trabajadores públicos en especial del sector salud, agravaron una desinformación generalizada frente la crisis sanitaria mundial y su impacto local, precedido por una emergencia humanitaria compleja, también caracterizada por la opacidad.
- Más de 80 personas resultaron afectadas en la cobertura y difusión de información, solo en el mes de enero
- El 75% fueron reporteros o periodistas
- El 9 de marzo, dos funcionarios de seguridad y otros dos vestidos de civil hostigaron y amenazaron a la periodista Karen Aranguibel, cuando cubría una protesta de usuarios que exigían respeto a los turnos para el abastecimiento de combustible en una estación de servicio en Maracaibo, estado Zulia.
Desde el inicio oficial de la cuarentena, el 16 de marzo, se han registrado 65 casos que se traducen en 151 violaciones al derecho, y 28 detenciones hasta el 20 de abril.
- El 17 de marzo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al doctor Julio Molino, tras denunciar con sus colegas Carlos Carmona y Maglis Mendoza, la situación crítica del Hospital Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas.
- Beatriz Rodríguez, directora del medio La Verdad de Vargas, fue citada por la Fiscalía el pasado 24 de marzo, tras publicar información sobre un caso positivo de Covid-19 en la entidad.
- Elio Mendoza, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), fue detenido e imputado por “instigación al odio” tras reenviar un mensaje por Whatsapp sobre Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
- El 13 de abril, los ciudadanos Zuleima Sánchez, Jeison Robles y Sergio Ángel, recibieron medida privativa de libertad por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Táchira, extensión San Antonio, por la divulgación de un video en redes sociales donde denuncian las condiciones que padecen venezolanos en un albergue ubicado en Tienditas, en la frontera con Colombia
- -El periodista Eduardo Galindo fue detenido el 15 de abril por efectivos del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (CONAS), cuando estos se presentaron en su residencia, en San Fernando de Apure, y se lo llevaron para rendir declaraciones sobre una información publicada en el sitio web senderosdeapure.net.
- Yoleide Rodríguez, la esposa del periodista y Leonardo Galindo, su sobrino, también fueron detenidos por “resistencia a la autoridad”.
De esta manera cerramos la primera parte de 2 especiales, donde la ONG ha documentado la situación del periodismo en Venezuela en la cobertura de la pandemia.
En nuestra segunda entrega, haremos recuento de los casos más recientes que contabilizan los meses de mayo y lo que se sabe del mes de junio, aún no consolidado, pero en el que también hubo detenciones a periodistas.
Nuestro agradecimiento a la ONG Espacio Público por aportar el material para este trabajo
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