En nuestra segunda entrega de Voto Silencio, la difícil tarea de informar en confinamiento seguimos analizando las condiciones, -cada día más difíciles- para mantener informada a la población del avance de la pandemia en Venezuela.
Y es que no solo se trata de temas de interés general, como las cifras o el reporte de nuevos casos de la COVID-19 los que impiden a los periodistas el acceso a la información oportuna y veraz.
También se suman el acoso al personal de salud, por demandar insumos para realizar su trabajo con medidas de bioseguridad y el estado deplorable de los centros de salud.
Mayo: confinamiento, intimidación y detenciones
En mayo se registraron 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frecuencia con la que ocurren: la intimidación, censura y las restricciones administrativas.
Las víctimas en su mayoría fueron periodistas, particulares y ciudadanía en general, mientras que los responsables siguen siendo, los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Al cierre del quinto mes del año se acumularon 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa, hechos que demuestran el nivel de persecución en contra de todo aquel que ejerza legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país.
Se resalta que a pesar de la advertencia realizada por los expertos en derechos humanos de la ONU, en la que manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela.
No es posible informar de víctimas de la pandemia
El gobierno venezolano mantiene una política represiva en contra de quien insista en registrar lo que ocurre en las calles venezolanas en el contexto, no solo de la emergencia humanitaria compleja, sino como víctimas de una pandemia.
35 intimidaciones y 4 hostigamientos, entre los que destaca el caso de Luis López, del diario La Verdad de Vargas, quien fue obligado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a borrar el material que realizó durante una protesta de médicos en la avenida Soublette de La Guaira, estado Vargas, el pasado 13 de mayo.
Una situación similar vivió el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, cuando un coronel de la GNB lo intimidó y borró el material que realizó durante un recorrido rutinario por la estación de servicios Vírgen del Valle, en la avenida Fucho Tovar, en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo.
El Pitazo y EFE por tomar fotos de la toma de la sede de DirecTV
En otro hecho, cuatro funcionarios de la GNB intimidaron a los fotógrafos Andrés Rodríguez de El Pitazo; Rayner Peña de EFE, y a Daniel Blanco (independiente), cuando realizaban su trabajo gráfico el 23 de mayo en las adyacencias de la empresa DirecTV, en la urbanización El Rosal, Caracas.
En Caracas, sujetos desconocidos intimidaron a la periodista del portal digital Caraota Digital, Carolain Caraballo, mientras realizaba imágenes del llenadero de cisternas en la urbanización Lomas del Ávila, el lunes 25 de mayo.
En los primeros cinco meses del año la ONG Espacio Público documentó un total de 79 detenciones, una cifra preocupante teniendo en cuenta que ningún ciudadano debe ser encarcelado por ejercer un derecho consagrado en la Constitución.
Destaca el caso de Rolando Rodríguez, conductor del portal informativo La Prensa de Lara, quien fue detenido el pasado 8 de mayo por funcionarios de la GNB cuando se disponía a equipar su vehículo con gas en la estación de servicio Don Bau en la avenida Libertador, Barquisimeto, estado Lara.
Rodríguez grabó un video con su teléfono celular, que originó la detención durante más de una hora
Ley contra el odio, 20 años de cárcel
Otro caso que resalta es el de Wilfredo Rodríguez quien fue excarcelado el lunes 11, tras permanecer cinco días detenido por denunciar en su Facebook irregularidades en la venta de gasolina en el estado Delta Amacuro.
El 5 de mayo, José Vásquez fue detenido, por funcionarios de la GNB luego de que expresara en su cuenta en Facebook y estado de WhatsApp, su descontento por la crisis del combustible en Cantaura, estado Anzoátegui.
Ser acusado de delitos, entre ellos, «instigación al odio», tipificado en la inconstitucional «ley» contra el odio puede acarrear penas hasta de veinte años de cárcel
En el estado Zulia, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la residente del hospital Adolfo D’Empaire, Andreína de los Ángeles Urdaneta Martínez, por la presunta publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, el 26 de mayo en Cabimas estado Zulia.
Violaciones en Internet
Internet en Venezuela es cada vez un espacio más reducido, el Estado Venezolano constantemente aplica bloqueos a portales web que los ciudadanos utilizan como medios para informarse.
El pasado 15 de mayo, la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la empresa Inter boquearon el acceso al portal de informativo Runrun.es.
El observatorio de Internet, Ve Sin Filtro alertó sobre el bloqueo detallando que se trató de una restricción de sistema de nombres de dominio (DNS).
Igual sucedió con la página web de la Organización No Gubernamental (ONG) Caracas Mi Convive y la de su coordinador, Roberto Patiño, las cuales fueron bloqueadas por los principales proveedores de Internet en Venezuela, el lunes 18 de mayo.
Casos y más casos
- Vladimir Villegas, el 26 de mayo, cuando denunció la salida del aire de su programa de opinión, Vladimir a la 1, transmitido todos los días, a través del canal de noticias Globovisión desde hace siete años.
- El periodista y conductor del programa Víctor Hugo Donaire denunció que el programa De Frente, transmitido por Roscio TV fue sacado del aire.
- Otro hecho que limita aún más la oferta de medios disponibles en el país, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM de los Valles del Tuy estado Miranda, el pasado 15 de mayo.
Junio: las detenciones elevaron la curva
A más de tres meses de confinamiento, el mes de junio cerró con 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión, entre las más frecuentes figuran: la intimidación, amenazas y censura.
Las víctimas son en su mayoría son periodistas (45%), seguidos por trabajadores de la prensa (20%) y plataformas web (12%); mientras que los victimarios más frecuentes fueron los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Con las cifras de junio se acumulan 623 violaciones al derecho, entre las que destacan -solo este mes- 15 detenciones a periodistas y trabajadores de la prensa; lo que evidencia la agudización de los ataques en contra de quienes ejercen la libertad de expresión en un contexto restrictivo.
Desde enero a junio del año 2020, se registraron 20 detenciones a los que se les procesó judicialmente con la inconstitucional «ley contra el odio».
Periodistas, trabajadores de la prensa y ciudadanos comunes son víctimas de la aplicación de esta norma aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017
En junio destacan las detenciones de Darvinson Rojas, José Vásquez, Darío Salcedo, Mimi Arriaga, Marco Antoima, entre otros.
Muchos de estos casos, tienen procedimientos judiciales abiertos que permiten, en algunos casos, excarcelación o reclusión domiciliaria.
Adicionalmente les prohíben dar declaraciones sobre su caso, les aplican un régimen de presentación ante los tribunales, fianzas y prohibición de salida del país.
Detenidos por informar situación del abastecimiento de combustible
Para Espacio Público, en junio registraron 15 detenciones, la mayoría de estas a periodistas que realizaban coberturas de calle a distintos hechos noticiosos relacionados con la crisis de gasolina; y otros por realizar comentarios en redes sociales.
Uno de estos casos es el del locutor y exconcejal Jorge Cortez, quien fue detenido por funcionarios de PoliLagunillas, mientras grababa una serie de entrevistas en la estación de servicio Las Morochas de la región zuliana, el lunes 1 de junio.
Otro caso resaltante es el de la periodista y productora de FM Center, Carol Romero, quien estaba el jueves 4 de junio cerca de las 6:00 am en una manifestación por falta de gasolina que se produjo en el Km 7 de El Junquito.
Estuvo desaparecida y detenida por más de 30 horas,siendo excarcelada luego de su audiencia de presentación ante Tribunales, el viernes 5 de junio.
Una situación similar vivió el equipo periodístico del portal digital, Venezolanos por la Información (VPITV) cuando fueron detenidos por funcionarios de la GNB, mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas, el viernes 5 de junio.
Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por efectivos de la GNB luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la cola para surtir gasolina en esa estación de servicio.
En el estado Lara, funcionarios de la Policía Regional (PoliLara) detuvieron a la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Milagros Rodríguez; tras quejarse por irregularidades en la distribución de combustible mientras hacía una cola para surtir, el martes 9 de junio.
Cierre de mes de junio
Destacan los casos también de:
- José Ramírez, corresponsal de VPITv en el estado Anzoátegui
- María Fernanda Bolívar, corresponsal del portal Todos Ahora, fue intimidada por un funcionario de la GNB
- La GNB intimidaron a la reportera gráfica del medio digital, Portal de Noticias, Lizaura Noriega; mientras registraba la militarización del Hospital Universitario de Maracaibo
Violaciones a la libertad de Expresión por tipo (enero-junio) 2020
Total violaciones por mes:
- Enero 120
- febrero 87
- marzo 129
- abril 110
- mayo 113
- junio 64
Al cierre del reporte de junio la ONG Espacio Público informó del proceso que se sigue contra del periodista Nicmer Evans
El 13, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Evans por supuesta “promoción o incitación al odio”.
El tribunal 21 de Control Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó la medida privativa de libertad contra el director del portal digital Punto de Corte, Nicmer Evans, este 17 de julio.
En la audiencia de presentación, acusaron a Evans por el supuesto delito “promoción al odio” con base en el Art. 20 de la inconstitucional “ley Contra Odio”.
A Nicmer lo regresaron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, mientras su defensa aseguró que apelará la decisión.
Agradecemos a la ONG Espacio Público por facilitarnos todo el material necesario para hacer posible la realización de este trabajo especial.
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