El 14 de julio fue publicado el informe de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, que describe la situación de los venezolanos en la región del Arco Minero del Orinoco.
En los documentos, no solo se detallan múltiples violaciones de derechos humanos. También se establecen los pasos que debe seguir el estado para atender la crisis humanitaria que afecta al país.
El coordinador de investigación y difusión de Provea, Marino Alvarado, destacó que el gobierno de Maduro solo ha cumplido parcialmente dos (2) de sesenta (60) recomendaciones realizadas por la alta comisionada.
Alvarado precisó que son tres los informes presentados desde 2017 por el organismo multilateral.
Indicó que a la fecha, en el país permanecen tres funcionarios de la oficina de la alta comisionada. Sin embargo, las autoridades no les permiten ingresar a las celdas de los principales cuerpos de inteligencia.
“No pueden entrar al Dgcim ni al Sebin”, expresó. “Lo otro que han permitido es el registro de organizaciones sindicales”.
La relevancia
Para el defensor de derechos humanos, sigue siendo esencial que los venezolanos exijan el cumplimiento de lo indicado en el informe.
“Es el deber, pero no somos optimistas”, manifestó.
“Sabemos que el gobierno no tiene ninguna voluntad de resolver los problemas sino afianzar su autoritarismo y su poder”, dijo.
Recalcó que gobiernos y organizaciones de izquierda han tenido que endurecer su postura frente a la administración de Maduro.
“Con la publicación del informe en 2019, ya no lo decía Provea, a quienes acusan de ser instrumentos de imperialismo, lo decía la Alta Comisionada de DDHH de la ONU”, señaló.
“Eso llevó a que el Partido Comunista de Chile, pro maduristas, hayan expresado su preocupación”.
“Ahora, incluso logró un cambió la posición manifestada el gobierno de Argentina”, agregó.
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