Este domingo, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que el Poder Electoral «no permitirá ningún acto de sabotaje» que busque impedir las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el próximo 30 de julio, queriendo crear un armazón constitucional entre los poderes públicos.
Pedro Afonso Del Pino, abogado constitucionalista, expresó que si el Ministerio Público (MP) forma parte del supuesto saboteo, entonces, “ante quién se pone la denuncia, porque el MP es el receptor de la denuncia y el garante de la legalidad en el país (…) el MP tiene que ser receptor de una denuncia sobre ellos mismos porque están intentando hacer respetar la Constitución”.
Por otro lado, Del Pino calificó de curiosas y contradictorias las declaraciones de la presidente del CNE porque, entre otras cosas, dice que la ANC es una propuesta de carácter político, pero “cómo puede avanzar una propuesta de carácter político en la cual no está participando un sector de la sociedad que, en este momento, es el mayoritario”.
A todas luces, así la propuesta de la ANC sea en buenos términos, “al no participar la parte más importante del país, desde el punto de vista político, la propuesta no está funcionando, inclusive, en el marco de la legalidad”. Porque, quiénes están participando en la Constituyente, “son candidatos de un mismo sector, es decir, la Constituyente no va a resolver ni siquiera el tema político, más bien lo va a agravar”, añadió.
En relación a la actuación de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, destacó que esta “ha reiterado que la Constitución no pierde su vigencia, si es derogada por mecanismos no previstos en ella, es decir, que la Constitución es un camino infinito, hasta que no sea derogada por los propios mecanismos que establece la Constitución. La permanencia de la Constitución es indiscutible, (…) el problema es el cumplimiento”.
Asimismo, Del Pino recalcó que “la fiscal ha intentado todos los recursos que tiene a su mano ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); pero, lamentablemente, el secuestro de los poderes hace que las expectativas de que esto se solucione es bastante complicado”.
En este sentido, el abogado constitucionalista aclaró que la fiscal no puede destituir al presidente, aunque tiene competencia para intentar el antejuicio de mérito, pero, “el antejuicio de mérito lo resuelve la sala plena, que son los magistrados del TSJ”, acotó.
“Hay un juego de armazón constitucional, en la cual, ningún poder solo podría destituir a otro poder”, indicó Del Pino y recordó la expectativa entorno a un posible procedimiento de remoción de la fiscal. Pero, “sabemos que nuestra Constitución dice que para destituir a la fiscal no solo hace falta un pronunciamiento del TSJ, sino la autorización de la Asamblea Nacional”.
“Ningún poder puede destituir a otro unilateralmente, siempre hace falta el concurso de otro”, enfatizó.
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