El profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la UCAB, Rosnell Carrasco, advirtió que el decreto emitido por la gobernación de Miranda, en el cual se limita el expendio de productos esenciales según el terminal de cédula, es inconstitucional y vulnera lo establecido en la Ley de Costos y Precios Justos.
Carrasco resaltó que la medida atenta contra el derecho a la libre empresa y el acceso a bienes y servicios.
Ambas garantías consagradas en la carta magna, en sus artículos 111 y 113, respectivamente
“El decreto entra en colisión con materia reservada a la ley nacional”, dijo
“El derecho a la libertad de empresa y el acceso a bienes y servicios solamente puede ser limitado o restringido por una ley formal”, destacó.
El especialista señaló que un amplio sector de abogados en Venezuela cuestiona la legalidad de la acción ejecutiva.
No obstante, Carrasco enfatizó que hasta tanto el decreto no sea revocado por el ciudadano gobernador, o declarada su nulidad por un tribunal, es de obligatorio cumplimiento.
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