El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), manifiesta que Venezuela está pasando por 7 años de recesión y aunado a ello los servicios públicos y la llegada de la pandemia COVID-19 ha aumentado la crisis en país, sufriendo las consecuencias los comercios y las familias venezolanas.
Desde el inicio del actual estado de excepción, sobrevenido por la aparición y propagación global de la pandemia Covid19. Entendiendo el avanzado empobrecimiento de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas y la poca profundidad de las reservas y capacidades del Estado venezolano, producto de cuestionables políticas económicas que han llevado al país a un período de casi 7 años de recesión y más de 2 años de hiperinflación, con la pérdida del 66% de nuestra economía en los últimos 5 años.
Todos los sectores productivos del país, comprendieron que elevar las necesidades de nuestra gente a un plano superior, más allá de cualquier tipo de diferencia, en especial la política, era lo prioritario. Durante el actual estado de alarma sanitaria, las empresas han puesto el máximo de sus capacidades para que los productos y servicios de primera necesidad, alimentos, medicamentos, telecomunicaciones y asistencia médica estuviesen disponibles en todo momento para los venezolanos.
Este trabajo mancomunado, enfocado en priorizar el bienestar de la gente, se ve hoy amenazado, por cuanto las condiciones mínimas necesarias para cumplir el objetivo productivo, y que han sido históricamente potestades del Estado venezolano, no están garantizadas.
Rechazo a los controles de precios y actos vandálicos
La seguridad jurídica está gravemente amenazada. Aunque el actual estado de excepción no debía implicar restricción de derechos, vemos cómo lamentablemente han sido anunciadas medidas de control de precios, intervención de empresas agroindustriales y fiscalizaciones arbitrarias de comercios. Son prácticas que rechazamos de plano, dado que amenazan a la propiedad privada, impiden la producción y no harán que aumenten las cantidades disponibles de bienes y servicios. Por otra parte, condenamos categóricamente los actos vandálicos que, fuera de todo control de los organismos de seguridad del Estado, únicamente logran cerrar más establecimientos, que no volverán a abrir sus puertas, disminuyendo los niveles de servicio y abastecimiento, arruinando a familias enteras.
El sistema de servicios públicos es deficiente. No es viable hacer frente a la amenaza de una pandemia, en medio de una economía tan frágil como la nuestra, sin servicio de agua potable, con marcada insuficiencia eléctrica y sin un suministro estable de combustible que permita que la cadena de distribución funcione y que la fuerza de trabajo, quien le da vida al ciclo productivo, pueda llegar a sus lugares de trabajo. Enfrentamos una emergencia nacional en la cual están amenazados principalmente los sectores más vulnerables de la sociedad donde la falta de condiciones sanitarias y reducción de movilidad que presuponen estas carencias, violan el principio de supervivencia de las empresas e impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales.
La política monetaria implementada por el ejecutivo nacional lesiona el bienestar de la gente. La inflación es el peor de los males que ha sufrido la República, ha destruido sistemáticamente cadenas de valor y ha suprimido el poder adquisitivo a todos los niveles de la sociedad pulverizando el salario de los trabajadores. Se ha eliminado todo vestigio de potencia y utilidad de nuestro signo monetario nacional, es en este caso el Estado quien tiene la responsabilidad de la emisión de dinero carente de confianza y respaldo, que se traduce posteriormente en incrementos de precios y malestar entre los consumidores y usuarios.
Siendo este el estado de las cosas que vivimos día a día todos los venezolanos, proponemos un acuerdo de entendimiento y concertación nacional, en el cual estén incorporados todos los actores políticos, económicos y sociales. Libre de todo ánimo de uniformizar el pensamiento y amplio en cuanto a la conservación de los ideales y diferencias, donde todos y cada uno de los sectores se sientan atraídos por la ilusión de lograr el bienestar de la gente en el marco de una gran empresa llamada Venezuela, donde para todos sea posible colaborar, con organización plural, esquema jurídico de alto nivel, administración superior y una reserva moral basada en la riqueza de ideas producto de la diversidad.
Un gran acuerdo permitiría el restablecimiento de las condiciones políticas, económicas y sociales. Permitiría colocar primero a la población, restituyendo la seguridad jurídica e implementando soluciones técnicas tendientes a normalizar el estado de los servicios públicos. Igualmente favorecería la creación de espacios para debatir las grandes soluciones en el ámbito productivo, fiscal, monetario y comercial.
El país reclama la atención eficiente de la pandemia global Covid19, con prioridad en la salud de la población, a la vez que requiere el despliegue de una política de recuperación económica con acciones de efecto inmediato que permitan reimpulsar la producción y estimular el consumo. Es necesario disminuir el nivel de encaje legal bancario, ofrecer incentivos fiscales a las empresas y revisar las normativas que castigan la disponibilidad de recursos financieros como los anticipos semanales de impuestos nacionales.
Es pertinente el diferimiento de la entrada en vigencia de la reforma del código orgánico tributario y exonerar temporalmente tasas y aranceles para materias primas, insumos y bienes de capital, así como los productos terminados que permitan el abastecimiento de los mercados en beneficio de la población. Exigimos el justo reconocimiento del sector privado como el principal facilitador de la inversión, generación de oferta con valor agregado local y consumo, por lo tanto, las medidas intervencionistas, de control desmedido, las prácticas de conflictividad y violencia institucional en contra empresas deben ser revertidas a la brevedad. Exigimos que se practique una gestión gubernamental enfocada en elevar la eficiencia de los servicios públicos y energéticos, con disciplina en lo fiscal y monetario, como bases de la calidad de vida del venezolano.
Es la aspiración de todo venezolano un país más libre y próspero, donde se den soluciones prácticas a sus problemas cotidianos, soluciones pacíficas a las diferencias, libertad de elegir el propio destino y recuperar la confianza. Este proyecto de Nación se amplía por incorporación, conservando diferencias, nunca por expansión hegemónica ó uniformidad impuesta. Es por ello que, desde Consecomercio, resaltamos la importancia de promover la tolerancia, el respeto y la confianza, en un ambiente donde la unidad sea la causa y la condición para hacer grandes cosas. La idea de grandes cosas por hacer, favorecerá los procesos de adaptación, disminución de incertidumbre, manejo de complejidades y desarrollo de ventajas competitivas que serán las características seminales de la nueva grandeza nacional.
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