Debido a las numerosas restricciones implantadas a la circulación de personas, las viviendas, conjuntos residenciales y locales comerciales han quedado desprovistas del servicio de vigilancia.
El problema no se relaciona tanto con el decreto en sí mismo realizado por Nicolás Maduro, sino con su aplicabilidad en el particular contexto que vive el país, definido como emergencia humanitaria compleja.
La ausencia de vigilantes en sus puestos de trabajo ha sido característica en momentos de crisis aguda, puesto que los servicios de transporte colapsan con facilidad. Y en el caso particular de Caracas, las restricciones llegaron al punto de prohibir el acceso al metro, que es el principal sistema de transporte en la capital venezolana.
Algunas empresas han logrado consolidar por cuenta propia servicios de traslado por grupos de vigilantes, que permiten la prestación del servicio en términos mínimos.
Otras han reconfigurado momentáneamente la distribución de su personal, de manera que los serenos y transportistas acudan a las sedes y locales más cercanos a sus lugares de residencia.
Una solución aplicada en esta particular coyuntura por las juntas de condominios ha sido organizar grupos de vigilancia a cargo de vecinos y propietarios, en el entendido que se la situación actual será pasajera.
Esta decisión, sin embargo, comporta riesgos puesto que generalmente los vecinos actúan sin conciencia plena de los protocolos que deben seguirse cuando se presente una eventualidad o anomalía.
Una recomendación básica en estos casos es contar con medios de comunicación de eficacia comprobada para la transmisión de novedades y alarmas. De lo contrario, la buena voluntad de los copropietarios tendrá escasa utilidad