¿Cuál fue el comportamiento de la criminalidad en el estado bolívar durante el año 2019?

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¿Las masacres denunciadas por líderes sociales fueron casos aislados, o fueron el producto de condiciones generales que las han propiciado?

Las noticias sobre la criminalidad en el estado Bolívar han traspasado las barreras del país, y se han transformado en un tópico de análisis internacional según las cifras del ministerio de relaciones interiores conocidas extraoficialmente, durante 2019 bolívar tuvo una tasa de homicidios de 36 casos por cada 100000 habitantes, la más elevada del país para ese período.

Superó por tres puntos a la de Amazonas, y por cinco puntos a la de miranda la tasa de criminalidad general, es decir, de los ocho delitos más importantes según la óptica oficial, se situó en 245 casos por cada 100000 habitantes, once puntos por encima de la media nacional que fue de 234 casos por 100000 habitantes.

Estos datos podrían ser suficientes para considerar que Bolívar padeció, y padece, de un grave problema de criminalidad violenta, puesto que los homicidios van compaginados con una elevada incidencia de delito general.

Según el gobierno, en el caso de Bolívar hubo una disminución neta de todos los delitos con respecto a 2018, excepto en lo relativo a los secuestros, que tuvieron un alza de 75%. En este caso, debe considerarse si este ha sido el producto del posicionamiento de grupos de delincuencia organizada.

Los secuestros tuvieron como escenario casi único al municipio Caroní, donde están los centros de poder político y económico del estado al revisar en detalle las cifras de los delitos, nos percatamos de que la gran sabana tuvo un incremento en los homicidios del 200% con respecto a 2018.

Según líderes locales, esto es consecuencia directa de las disputas por el control de la minería. Es decir, se trata de violencia asociada a una actividad extractiva. De igual forma, en seis de los once municipios se detectó un incremento en las lesiones personales, lo que llama la atención pues estos delitos generalmente pasan desapercibidos por las autoridades.

Uno de estos municipios también fue gran sabana, donde además hubo alzas en los robos y los hurtos genéricos. Otros dos municipios donde aumentaron los delitos en general fueron Piar y Pedro Chen. En Piar el balance general fue de 104% de incremento, lo que refleja un impacto súbito de la criminalidad. Esto sucede en una región ampliamente militarizada, y con unas riquezas mineras que parecieran infinitas.

De manera que lo previsible es un incremento en la violencia en los centros periurbanos y rurales donde los mecanismos de control formal ejercidos a través de las policías y la fuerza armada son relativamente escasos. Bolívar es, sin duda alguna, un caso de estudio sobre cómo la cesión de espacios por parte del estado ocasiona conflictos armados entre grupos subnacionales y transnacionales, como puede ser la guerrilla del ejército de liberación nacional. En la medida en que pase el tiempo, la retoma de estos espacios por parte del estado se dificultará.

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