Para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, el Estado venezolano justifica su inacción en materia judicial amparándose en la cuarentena por la Covid-19.
Tras las medidas de confinamiento decretadas por el ejecutivo, Daniels precisó que los tribunales solo reciben actuaciones de detenciones en flagrancia.
“Pero, por ejemplo, si una mujer tiene una amenaza por parte de su pareja, no hay manera de interponer una solicitud de medida cautelar”, expresó.
“La pandemia ha demostrado es que la inacción no es una política contingente del gobierno, lo contrario es parte de su actuar cotidiano”, dijo
“Abren las peluquerías y los talleres mecánicos, pero los tribunales no”
El especialista denunció que hay privados de libertad con su sentencia cumplida, pero que no han podido salir porque no hay despacho en los tribunales.
Un marco que no está claro
El representante de la ONG lamentó que los derechos de los ciudadanos sean vistos por las autoridades como una especie de formalidad.
Alertó que pasados cinco meses de decretado el Estado de Alarma, cada entidad del país impone medidas de confinamiento a discreción.
En muchos casos no informan a las personas las medidas de restricción de tránsito.
“El artículo 339 de la Constitución señala que el decreto que limite o suspenda derechos debe establecer las reglas que regulen esa limitación o suspensión”, indicó.
“Nunca se ha dicho cómo se regulará el estado de alarma, o si los alcaldes y gobernadores pueden actuar como delegados del gobierno”
Enfatizó que las garantías de la población durante el tiempo que dure la cuarentena, no deben depender de las decisiones tomadas por el funcionario de turno.
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