Luego de verse forzada a cambiar la sede motivo a un apagón eléctrico, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ofreció una rueda de prensa donde presentó un balance de los últimos hechos que se han registrado en el país, detallando las cifras de fallecidos, detenidos y lesionados.
En el balance de la situación nacional desde el 6 de abril, la Fiscal aseguró que de las 55 personas fallecidas, 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. De mil personas lesionadas, 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares. Indicando también que hasta el momento se reportan 346 vienes o inmuebles públicos y privados saqueados o quemados.
«Si el país se encuentra pasando por dificultades económicas importantes, estos destrozos profundizarán los problemas que está padeciendo la población sobre el abastecimiento de alimentos y rugros de primera necesidad y medicinas», afirmó la Fiscal General.
Ortega aseveró que el Ministerio Público ha iniciado 1475 investigaciones de las cuales 1329 son por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad. Asimismo, en materia de delitos comunes, certificó que los fiscales han imputado 2664 personas.
«No todas las personas aprendidas son culpables de los hechos que han ocurrido. Porque la liberación de personas que han sido detenidas legalmente constituye un triunfo del Estado de derecho», aseguró Luisa Ortega Díaz.
La Fiscal reveló que de acuerdo a la investigación realizada, la muerte del estudiante Juan Pernalete fue producida por el impacto de una bomba lacrimógena. Exhortando a quienes ostentan responsabilidades de mando en los cuerpos de seguridad del Estado a tener mayor control tanto en el seguimiento como en las actuaciones de los funcionarios en ejercicio de la función policial en materia de orden público.
«Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales. Eso significa que más de el 50% de las personas lesionadas ha sido por el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado», señaló la Fiscal.
Asimismo, explicó que se han recibido testimonios importantes en diversos sectores del país referente a la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de orden público «donde se ven grupos de personas armadas en actitudes violentas propiciando que se alteren los ánimos. Y también tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando«.
El Ministerio Público tiene siete investigaciones abiertas por el uso de la justicia militar por casos que corresponden a la justicia ordinaria.
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