La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó fecha para llevar a cabo la audiencia sobre la solicitud de antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, por lo que el abogado y analista político, Luis Salamanca, manifestó que desde hace tiempo el Gobierno se maneja dentro de una inconstitucionalidad y hay una “total politización de los mecanismos jurídicos (…) que se ha acentuado desde el año pasado de una manera realmente impresionante”.
El origen del caso contra la Fiscal, expresó Salamanca “es, indudablemente, el ánimo del Gobierno y de lo que le queda de régimen de Maduro, de ajustarles cuentas de la Fiscal por haber reaccionado en contra del manejo anticonstitucional que venía trayendo el Gobierno desde el año pasado”. Entonces, en ese contexto, “todo lo que sigue es absolutamente teñido de politización y de adulteración de los mecanismos constitucionales y legales establecidos para solucionar ese tipo de problemas”, añadió.
Asimismo, expuso que no se sabe si lo que están aplicando en el TSJ es un antejuicio de mérito, porque “lo que están haciendo, no tiene nada que ver con el procedimiento establecido en la Constitución y sobre todo en las leyes, como el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley del Ministerio Público”.
El abogado explicó que un antejuicio de mérito es un juicio previo, es decir, “hay no se está entrando a decir si la persona cometió o no un delito, sino si hay mérito para evaluar la posible comisión de un delito”. También, enfatizó que en el antejuicio “no puedes hacer solicitudes de prohibición de salida del país porque eso corresponde a un juicio penal, no puedes congelarle bienes a la persona, allí estarías abusando del poder, lo que refleja los vicios profundos que tiene esto”.
Además, el antejuicio de mérito, tal como está establecido en nuestra legislación “es a iniciativa del Ministerio Público, es decir, es la Fiscal o la Fiscalía General de la República quienes tienen que iniciar el antejucio de mérito contra el presidente o cualquier otro alto funcionario”, dijo. Ahora, si lo que se va evaluar en el antejuicio es la propia Fiscal, entonces, “le corresponde al vicefiscal del Ministerio Público introducir la querella o al funcionario que la Asamblea Nacional disponga”, añadió.
“Aquí hay una confrontación que no se lleva por las reglas constitucionales y legales, hay una confrontación donde la fuerza es lo que se está imponiendo y lo que se pretende revestir de un disfraz jurídico”, aseveró.
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