Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló que el ingreso de los presentantes del gobierno de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos “no es una victoria” ya que ahora, la administración actual de Miraflores está en “una situación difícil para negarse a aceptar los mecanismos de control y supervisión” que el propio organismo internacional ha determinado.
Patiño señaló la posibilidad que la delegación de Maduro “pueda entorpecer” investigaciones o procesos abiertos en su contra, pero, reiteró que el Consejo está integrado por 46 Estados miembros con orientación democrática por lo que ve con dificultad que este último escenario se concrete satisfactoriamente.
“Entrar en el Consejo los pone en una situación difícil para negarse a aceptar los mecanismos que el propio Consejo ha determinado” expresó. “Entre esos, la Misión de Determinación de los hechos anunciada el mes pasado y a la cual dijeron que no iban dejar entrar” recalcó.
Una posición similar manifestó la Internacionalista y profesora universitaria, Mirna Yonis, quien recordó que todas las investigaciones e informes consignados ante la máxima organización internacional siguen vigentes a pesar de la incorporación del día de ayer.
Para Yonis, el resultado de la votación fue producto “del lobby hecho por Maduro en países de Asia y áfrica”, al tiempo que resaltó la necesidad de continuar con “el trabajo técnico” de seguir “alimentando” cada uno de los registros e informes donde se reflejan las violaciones de derechos humanos más elementales por parte del gobierno madurista.
“Si bien es cierto que hay un brillo diplomático que el gobierno no va a desaprovechar, creo que la realidad es muy contundente. Ahora tendrán que hacer una inversión diplomática mayor para tapar lo que antes se tapaba solo con un discurso en la instancia” afirmó.
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Con fotografía de Sputniknews
