La Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) sacó a la Ley Orgánica de Precios Justos de la gaveta y está realizando operativos de control de precios en todo el país, debido al fuerte incremento de costos al consumidor, sobre todo de los alimentos, observados en las primeras semanas de 2020.
En las redes sociales del organismo se ha noticiado el incremento de la actividad de inspección, especialmente en los mercados municipales y comercios de las principales ciudades. Extraoficialmente, se estima que hay más de 1.000 establecimientos sancionados por presunta especulación, que han sido obligados a bajar precios de acuerdo con las previsiones de la Ley de Precios Justos.
El panorama de abastecimiento de productos básicos luce complicado en los primeros días de enero, con muchos comercios que permanecen cerrados y otros sin muchos productos en los anaqueles. Sin embargo, la mayoría de los mercados municipales y las ferias a cielo abierto están activos, pero con precios que llegan a superar 60% los vigentes al cierre del mes de diciembre.
Por ejemplo, los precios del kilogramo de carne de res para bisteck que actualmente se ubican en alrededor de 290.000 y 300.000 bolívares, registran aaumentos que van entre 100% y 115% en comparación con diciembre.
Otros alimentos que duplicaron o más que duplicaron sus precios en lo que va de enero son cebollas, tomates, zanahorias, granos y frutas, con una disminución de la oferta, según pudo observar Banca y Negocios durante el fin de semana.
Sin embargo, el fenómeno de ausencia de comercios y anaqueles vacíos es más pronunciado en el interior del país, especialmente en Nueva Esparta y el resto del oriente y sur de Venezuela, de acuerdo con reportes recibidos.
El gobierno que acaba de aumentar el salario mínimo a un equivalente a 6,69 dólares mensuales, a tasa de cambio oficial, está regresando al discurso sobre la especulación y la «guerra económica», aparte de que redujo en 4.999 productos la lista de bienes que gozan del régimen de libre importación decretado hasta el 30 de junio próximo.
Es evidente que la estrategia de represión de liquidez, con menor monetización del déficit fiscal, en comparación con 2018, y la restricción del crédito bancario no ha dado resultados sostenibles, más allá de una desaceleración de la inflación que, sin embargo, terminó en más de 5.000% el año pasado.
Ahora, como resultado de una depreciación del bolívar en 44,74% durante lo que va de 2020 en el mercado paralelo de divisas y de 44,17% en el mercado oficial, el fenómeno de la inflación parece haber cobrado alas, al punto que es posible que el índice de precios de la Asamblea Nacional se acerque o llegue a 50% en enero.
Con información de Banca y Negocios