Las ya conocidas medidas de la denominada revolución económica anunciada por el Presidente de la República Nicolás Maduro, el viernes 17 de agosto del año 2018, se constituye como el mayor daño económico que la población trabajadora ha sufrido en años.
A simple vista los trabajadores parecen beneficiarse de un aumento que elevó el sueldo de Bs F. 3.000.000 a Bs. F 180.000.000, es decir un incremento del 60 veces el valor actual. Nunca en toda la historia de intervención del Estado en el proceso de fijación del salario mínimo se llegó a tanto. Especialmente porque es bien conocido por todos el impacto inflacionario de ese elemento en una economía con poco empleo y con muchas regulaciones laborales que sortear. La pequeña y mediana industria cuentan con escasos recursos, entre otras causas por la fuerte inflación que sufre el país desde hace muchos años y que ahora se ve de manera inesperada acelerada por las acciones que el estado ha llevado adelante a través de la emisión de dinero inorgánico, declaración dada de manera directa por el presidente de la república y que se puede calificar como una confesión de hecho irregular para su función.
Eso significa que el gobierno de la república, ineficiente para cumplir su rol de buen padre de familia al administrar los recursos de la sociedad venezolana, colocó un impuesto a las personas a través de la inflación para poder financiar el gasto público. Esa situación es dramática porque haciendo eso han llevado el número estimado de inflación a una cifra inimaginable, que en voz de Ricardo Hausmann puede alcanzar la astronómica suma de 44 millones por ciento al año.
Desde el lado oficialista escuchamos voces de alegría por el aumento del salario mínimo a un dólar diario, lo cual resulta loable cuando en la práctica un trabajador devengaba un sueldo mínimo de un dólar mensual según los marcadores del mercado negro de divisas. Sin embargo es poco probable que ese aumento de los ingresos se sostenga.
Todo ese cambio se realizó en medio de un conjunto de medidas que incluyen aumento del IVA, apoyo a la mediana y pequeña industria para su capitalización por los efectos del aumento de salario, pago de ISLR con o sin utilidad financiera e impuesto a las transacciones financieras. El paquete incluye aumento de la gasolina a precio internacional que por razones técnicas fue pospuesto hasta septiembre y que se supone será aplicado de manera gradual. La aceptación del mercado negro de divisas se hizo de manera tácita al colocar la tasa del nuevo sistema Petro en Bs. 6.000.000,00.
Lo más duro del conjunto de medidas es que todas van a ser pagadas por la población, es decir el gobierno no pone ningún objetivo de disciplina serio en la mesa por lo que no cambia la dirección en materia financiera y que por el contrario profundiza la forma de gobernar que ha impuesto este gobierno y su predecesor.
Este elaboradísimo programa económico le transfiere toda la carga a los ciudadanos, sean estos trabajadores o empresarios. Impuestos directos e indirectos que no lograrán darle dinero al gobierno para financiar sus planes de subsidio a la población que hoy dependen desesperadamente de él. El bolívar en el mercado negro se devaluó a una velocidad única en tres días, dejando el salario de un dólar al día en apenas unos sesenta centavos de dólar al día.
Un dato curioso del anuncio es que el salario será efectivo en septiembre, dejando todos los otros factores de la crisis intactos. Al ritmo de cambio es probable que cuando los trabajadores reciban el incremento estaremos hablando de un aumento pírrico incapaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores.
Este episodio de la desventura que el gobierno ha puesto en escena es quizás uno de los momentos más trágicos de la historia política venezolana, solo comparable en términos de su gravedad con momentos vividos en la guerra de independencia de nuestro país. Todos los ciudadanos han perdidos sus derechos económicos, incluida la repartición de la renta petrolera, a manos de un gobierno técnicamente incapaz de manejar la situación. La inflación no es inducida por los particulares ya que todos somos víctimas del modelo económico centralista e hiper-regulador que genera el gobierno venezolano.
El trabajador a finales del mes de septiembre estará recibiendo 1800 bolívares fuertes pero su poder de compra es muy probable que haya mermado contra el actual, los patronos tendrán que mover sus escalas salariales para reconocer los distintos aportes de los miembros de la organización.
Los precios, aunque se controlen, aumentaran irremediablemente en una carrera en la que los perdedores serán siempre los asalariados. Una parte del país con un desempleo estructural, del 40% aproximadamente de su población, no recibirá nada de este aumento excepto el dolor de los precios que suben infinitamente.
Para los patronos más y más dolores de cabeza, hay que conseguir el dinero para pagar los incrementos y además proveer información cierta del cambio a sus colaboradores. Estas medidas pueden impulsar a más gente a irse, pues buena parte de la población entiende el nivel de destrucción de valor que estas medidas tienen en la economía. Un impacto negativo directo sobre la productividad y la tranquilidad de nuestra pueblo.
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