Louza: El tiempo del caso de Venezuela en la CPI es de un promedio razonable

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Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, consideró que el cambio de jefe de la Corte Penal Internacional  (CPI), no impactará en la conclusión del examen preliminar que lleva la Corte sobre Venezuela relativo a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en 2017.

“Pues el nuevo fiscal tiene buenas credenciales y ha estado manifestando que ha habido pocas condenas y que eso debe cambiar”

La afirmación la hace luego de que este martes 15 de junio se culminara formalmente el mandato de la abogada gambiana Fatou Bensouda como fiscal jefe de la (CPI).

Sin embargo, dijo que el caso tiene que avanzar pues se había avizorado pasar a la fase de investigación, “solo que el gobierno introdujo unos recursos y la fiscal no se pudo pronunciar, hay que esperar la decisión de la sala de cuestiones preliminares y a su vez el pronunciamiento del nuevo fiscal”.

En este sentido, Louza, consideró que el tiempo del proceso en el caso de Venezuela, es un promedio razonable, «no es cualquier cosa, se lo toman muy en serio cuando se trata de un Estado», pues hay un examen preliminar que puede durar años o meses, después hay una investigación.

“Obviamente no sabemos cuánto va a durar, pero ya empieza a haber una calificación específica de responsables de estas violaciones, hasta ahora la calificación ha sido genérica”

El tema importante indica que no es poner preso a alguien que cometió algún tipo de estos delitos, sino que cambie el patrón de ataque sistemático y de persecución que hay en Venezuela.

“La cadena de mando es la que lleva adelante esa política de estado que da ligar a esta situación entonces no es una pequeña reforma, o el mandar unos presos, es algo más estructural y complejo”

Investigación

Louza aclaró que en la investigación sería a partir de 2017 hasta los hechos de 2019, pero siempre y cuando haya documentación entra en el expediente, como el informe de la misión de Determinación de Hechos.

“Justamente lo que han introducido las organizaciones civiles o las víctimas son confidenciales, pero en general hay documentos públicos”, señaló.

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