Más de 37 muertos y 14 heridos fueron el resultado de un motín en la cárcel de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas, el martes 15 de agosto. En declaraciones posteriores ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV), el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, catalogó como culpable al gobernador de dicho estado, Liborio Guarulla, quien, según el militar, está a cargo junto con su gobernación de dicho recinto.
Durante el programa “Enfoque Informativo” con Ashley Flores Montesinos, en contraposición a dichas declaraciones, Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, calificó el hecho como una masacre y aseguró que la responsabilidad de dicho acto no está bajo la custodia de la gobernación de Amazonas. El centro penitenciario está bajo custodia del Gobierno del Estado Miranda y que no dependen del gobernador Guarulla, enfatizó.
Asimismo, el abogado explicó: «primero deben realizarse las investigaciones ahí –en el lugar de los hechos- (…) estaban presentes unos funcionarios de los cuerpos de seguridad que tomaron la decisión de disparar», y de esa manera, descubrir las razones de dicha decisión antes de fichar a alguien.
Por otra parte, Izquiel – también Asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional -, aprovechó el contexto y denunció el estado de los centros penitenciarios en Venezuela. “Ese centro donde ocurrió la masacre, no es una cárcel formal” sino un “calabozo policial”, dijo.
Además, expresó su preocupación en materia de Derechos Humanos en las cárceles: «los calabozos policiales a nivel nacional, presentan hacinamiento y violación de DDHH». De esta manera, agregó que dichos calabozos están abarrotados y faltan muchos establecimientos para satisfacer la necesidad de seguridad de la nación, “el Estado Amazonas no tiene cárcel, Cojedes no tiene cárcel”, ejemplificó para entender la seriedad del asunto.
Con respecto a los presos que se encuentran limpiando las calles de la capital, expresó que ese tipo de trabajos están vetados en el mundo gracias a los progresos en Derechos Humanos y argumentó que, para realizarse tales actividades en los centros, se requiere la verificación de una prueba vocacional, remuneración y monitoreo de seguridad durante la labor del individuo.
Sin embargo, nuestro caso no parece ser el mismo: «no sabemos si son presos procesados (…) si el Gobierno les está pagando, de no ser así, están en estado de esclavitud». Además, sostuvo que puede significar una situación de riesgo para la población.
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