El día de ayer 18 de agosto, se llevó a cabo una matanza de 37 personas durante un motín en un centro de detención del estado Amazonas, al sur de Venezuela. El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de Derechos Humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.
Sobre esta situación, Omar Mora Tosta, abogado especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, conversó con María Isabel Párraga en el programa «Marca País», donde manifestó que, el acto es «una muestra más de la descomposición y la crisis institucional que se vive en Venezuela”.
“Ningún cuerpo policial puede llegar sin mediar palabras y asesinar a más de 30 personas”, sentenció el penalista y expresó que “esto solo demuestra la barbarie que estamos viviendo, en un estado donde los entes policiales imponen sus propias leyes”.
Mora, acredita esta situación a la no separación de poderes y explicó que, “cuando no se tienen poderes independientes para tomar decisiones y atacar estas circunstancias, se ve el abuso de poder en todas y cada una de sus actuaciones”, empezando por el Ejecutivo Nacional, que maneja sus decisiones a «capricho», sentenció.
“El pilar fundamental de una democracia es la separación de poderes”, recalcó el abogado.
Por otra parte, manifestó que, “son impresionantes las condiciones infrahumanas a las que están siendo sometidos los privados de libertad (…) y los presos políticos”, porque en el último caso, «no solo es la injusticia de ser inocentes y ser procesados simplemente por pensar distinto”, también son sometidos a hacinamiento y condiciones de violación de Derechos Humanos.“Hay más de 1500 presos políticos y la lista se engrosa todos los días”, informó.
Sobre la solicitud del presidente del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional Constituyente para que se estudie la posibilidad de incrementar las penas por terrorismo y traición a la patria a 50 años de cárcel, el abogado indicó: “los criminólogos decimos que no por aumentar las penas se consigue disminuir la impunidad”. Ciertamente, el sistema penal tiene que ser estudiado, pero a la luz de los avances de la civilización, “no por un tema de revancha política” y tal medida, solo conduce a perseguir la disidencia.
En este sentido, calificó la medida propuesta por el TSJ como “una suerte de justicia medieval» y a su juicio, «ahorita, en el país hay cosas mucho más necesarias que hacer eso y menos con el objetivo que se pretende”.
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