El Director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, catalogó a los recientes montos estipulados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para la emisión de un nuevo pasaporte o prórroga como, “una vulneración gravísima de los derechos humanos fundamentales de la identidad, el libre tránsito, y la reunión familiar”.
En entrevista para el espacio Análisis de Entorno, Daniels detalló que serán los ciudadanos de menores recursos económicos los principales afectados por el establecimiento de las nuevas tarifas, al tiempo que advirtió que, el flujo de refugiados venezolanos no se detendrá por no poder contar con el principal documento de identidad internacional.
“Sencillamente, no puedes cobrar esos montos. Vemos como el gobierno es más discriminatorio y avaricioso con sus ingresos y les niega a sus ciudadanos el derecho mínimo de identificación”, expresó.
“Esta situación genera un problema de dos caras. Una interna, al gobierno intentar de dificultar la salida de los venezolanos del país, aunque eso en realidad es un engaño porque la gente saldrá por las trochas (…) Y la otra cara es internacional: el gobierno se hace eco del régimen cubano y se da cuenta que tener 5 millones de personas afuera puede ser muy rentable. 200 dólares por 5 millones, que además necesitarán prorroga, es bastante dinero. Pasamos de ser rentistas petroleros a ser rentista de ciudadanos”, manifestó.
De igual manera, para el abogado la calidad de los servicios brindados por el Saime “no mejorará con el cobro de nuevos montos” pues a su juicio, los venezolanos seguirán pagando por un servicio clase “a” cuando lo que se obtiene es uno de clase “d,” que sigue siendo muy deficiente.
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