En las últimas dos semanas, los precios del petróleo han fluctuado al alza, traspasando la barrera psicológica de los $ 70 para el barril norteamericano West Texas, y acercándose a la de $ 80 en el caso del marcador europeo Brent.
Analistas que hasta hace poco estaban proyectando un regreso a precios por debajo de los $ 60 para 2019, ahora hablan de precios oscilantes en el rango entre 70 y 80 dólares por barril. Inclusive, uno que otro revivió el espectro del barril de petróleo en $ 100, con todas las implicaciones negativas que eso significa para la economía mundial.
El motor principal de esa alza, sin duda alguna, es la reimposición de sanciones a Irán por parte del gobierno norteamericano, en un momento cuando los inventarios han bajado a niveles manejables, gracias a los acuerdos OPEC-Russia. También a cierta prudencia por parte de los productores americanos independientes de esquistos, en cuanto al ritmo de aumento de su producción.
Aunque, más allá del caso de Irán y de los inventarios, el tercer elemento es lo que todos los analistas entrevistados caracterizan como “el colapso de la producción de Venezuela”. Y nótese que no hablan de reducción, sino de colapso. ¿Por qué? Porque ellos, mejor que nadie, saben que cuando salen taladros de servicio y el descenso de la producción, mes a mes, es cada vez mayor, en algún momento, la declinación natural de los yacimientos y las ineficiencias operativas juntas, crean el escenario perfecto para que Venezuela desaparezca del mundo de los exportadores importantes, al que perteneció alguna vez.
A eso, ahora hay que añadirle las recientes acciones de embargo a PDVSA por parte de Conoco Phillips, con las que dicha empresa intenta resarcirse de los $ 2.000 millones que le adjudicó el centro de arbitrajes CIADI, por la confiscación del mejorador de crudos que habían construido en el marco de la apertura petrolera por un costo de más de $ 10.000 millones.
En principio, por supuesto, el que los tribunales les hayan adjudicado únicamente $ 2.000 millones a Conoco, debería haberse visto como un triunfo para la demanda PDVSA.
Las acciones de Conoco se han concentrado en las terminales de transferencia y refinación propiedad de PDVSA en Curacao, Bonaire, y San Eustaquio, islas que están dentro del ordenamiento legal holandés. Dicho de otra manera, en un país en el que sí funciona el Imperio de la Ley.
Seguramente, muy pocos habrán oído hablar de estas terminales. Pero ellas son vitales eslabones en una logística que incluye recepción de crudos dulces norteamericanos, para mezclar con los extrapesados de la Faja, y el trasbordo de tanqueros de menor capacidad para envíos a clientes distantes, como China.
Las informaciones que han trascendido desde Bloomberg -la cual es una fuente de gran respeto- indican que, ante esa amenaza, tanqueros que estaban en tránsito habrían regresado a puerto venezolano. En su análisis, Bloomberg va más allá. Y menciona que el actual, pudiera ser el inicio de las demandas que, más temprano que tarde, pudieran acometer los tenedores de bonos y otras acreencias, a cuyos vencimientos, luego de dejar de honrarlas, el Gobierno les ha hecho caso omiso, como si las mismas no existieran.
De hecho, las especulaciones sobre si habría sanciones por la vía de embargo de compra o de venta de crudo por parte de los Estados Unidos, han pasado a un segundo plano. Y eso sucede, cuando ya se vislumbra una larga cola de acreedores siguiendo la vía que Conoco escogió.
Por primera vez en la historia, Venezuela no aprovechará un alza en los precios petroleros. Y todo en vista de que, si el millón de barriles de producción que se han perdido estuvieran en el mercado, el ingreso adicional del país sería de $ 26.000 millones. Entonces, las deudas no estarían en mora, y gran parte de los problemas económicos que nos aquejan, desaparecerían.
¿Quién asume la responsabilidad de ese entuerto? Pues lo cierto es que, tampoco en este caso, luce que sean la iguana o un saboteador solitario los que lo hayan causado.
