Lamentablemente, el Gobierno nos tiene acostumbrados a iniciativas económicas que se anuncian con bombos y platillos y que posteriormente: fenecen al nacer, como la cría doméstica de conejos. O, en el proceso de implementación, van perdiendo credibilidad por un sin número de razones, hasta quedar en el olvido a la espera de la próxima idea genial que tiende a sufrir igual suerte.
En esta última categoría, se encuentra el “Petro”. Lo que al principio pareció una audaz idea para dolarizar la economía sin admitirlo, utilizando una tecnología de última generación y aun cuando cuya aceptación generalizada está todavía en veremos, va quedando como otro ensayo fallido más.
La idea de monetizar reservas petroleras como respaldo de obligaciones del Estado, mientras éstas se encuentran aún en el subsuelo, no era necesariamente descabellada. Pero, de por sí, necesitaba un marco institucional muy fuerte y creíble para los potenciales inversionistas. ¿Cómo se iban a convertir esos 5.000 millones de barriles en un bien fungible? ¿Quién tendría la responsabilidad de extraerlos y de comercializarlos? ¿A qué precio de costo hasta el mercado de consumo, para que el valor restante fuera el respaldo neto por barril extraído? Son algunas de las múltiples preguntas que se oyen por diversas partes, sin que, hasta la fecha, hayan aparecido las correspondientes respuestas.
A esas complicaciones iniciales, habría que añadirle el desarrollo del ensayo en el mercado incipiente, y, por ende, volátil, de las criptomonedas. La lógica de ese mercado es la de un intercambio entre interesados, al margen del sistema bancario y monetario mundial establecido, permitiendo transacciones entre contrapartes que escapan el escrutinio de entes reguladores y de otros ojos incómodos.
Ya esta realidad hacía difícil, de por sí, pensar en que un Estado-Gobierno pudiera terciar exitosamente en el cripto-mercado y, en particular, uno que viene de socavar su credibilidad, al mantener en default o cesación de pagos selectivas a su deuda soberana y petrolera.
Para superar algunos de estos impedimentos, el gobierno venezolano, inicialmente, decidió jugar con base en las cripto-reglas. La primera de ellas es que hay que redactar una estricta hoja de términos o “white paper” en el cripto-léxico. En ella, deben explicitarse todos los pormenores de garantías, forma de intercambiar, plataforma a utilizarse para las transacciones, etc. Lo segundo, a riesgo de decir una perogrullada, es cumplir paso a paso lo que se ha plasmado en el “white paper”. Pero, por lo visto, fue hasta allí que nos llevó el río.
La plataforma, según el “white paper”, era la Etheron, segunda en prestigio después de Bitcoin. Pero -oh, sorpresa- al lanzar la oferta había migrado a otra menos confiable, cuyo operador, por demás, negó que ahí se negociaran “Petros”. Para colmo, luego de anunciar que los “Petros” servirían para pagar impuestos, salarios y servicios públicos en Venezuela, resultó que no había cómo comprarlos con bolívares, ya que a alguien se le había olvidado el pequeño detalle de que si no despenalizaban el cambio libre entre particulares, nada de lo que anunciaban en cuanto a pagos locales era factible.
Los mercados, que no son tontos, de inmediato se dieron cuenta que la hoja de términos no era un instrumento esculpido en piedra, como las Tablas de la Ley. Sino uno que mutaba constantemente, de acuerdo a los caprichos de Miraflores.
Entonces, no debe sorprender que, a la fecha, no se haya contratado operaciones, ya que las rimbombantes cifras en torno a los $700 millones no son de operaciones, sino tan solo de manifestaciones de interés.
Como lo hemos expuesto en múltiples ocasiones, todos estos ejercicios de ensayo y error, sin validar lo que se propone con conocedores del tema, no han contribuido en un ápice a combatir la hiperinflación. Con la inmensa mayoría de los economistas de todo el espectro ideológico, desde liberales hasta marxistas, pasando por keynesianos y socialistas casi en consenso, en cuanto a las medidas macro que hay que implementar, no deja de seguir siendo un gran misterio el hecho de que el Ejecutivo insista en su recurrente política de ensayo y error.
