Programas de ajuste, convergencias y divergencias

El hecho de que el asesor económico del candidato presidencial Henri Falcón, el economista Francisco Rodríguez haya explicitado un Programa de Ajuste -o más propiamente, una reforma monetaria- que tiene como punto de partida la dolarización de la economía, ha intensificado el debate sobre ese tema vital para el bienestar de los venezolanos.

Quienes todavía no están de acuerdo con dolarizar, argumentan que con eso no basta, y que hay que tomar medidas complementarias. Rodríguez no lo niega. Y, de hecho, cada día que pasa, describe más su propuesta con anuncios relacionados con esas medidas. También lo han comenzado a hacer desde la Asamblea Nacional partidos políticos como Primero Justicia, en este caso por intermedio de su vocero, el economista José Guerra. Nos referimos al mismo Partido que, hasta la fecha, se había limitado a plantear generalidades y lugares comunes, como aquel de que “la inflación se combate con producción”.

La primera coincidencia importantísima, a nuestro juicio, consiste en identificar que el rescate de la producción petrolera es la palanca diferenciadora que permite pensar en un ajuste con expansión, y no en uno contractivo, como el que nos impusieron los arquitectos del Programa de Carlos Andrés Pérez II, en 1989. Por otra parte, parece haber coincidencia con el planteamiento de que lograr que la producción petrolera aumente, pasa por permitir que los operadores privados, nacionales y extranjeros, sean los que se ocupen de poner a producir los yacimientos.

Quienes disienten de esa posición, piensan que Venezuela no puede y, tal vez, no debe apoyarse en su ventaja petrolera. Y eso, a los fines de un Ajuste, nos reduce a las limitadas opciones de un Zimbabue o de una Grecia. Ese razonamiento, prácticamente, nos condenaría a quedar en manos del Fondo Monetario Internacional, como a desconocer la casi totalidad de la deuda externa, y a alejarnos de los mercados voluntarios de crédito internacional, por, tal vez, una generación o más. Claro que quienes administren un Programa así, tendrían la oportunidad de, una vez más, tutelar al sector privado, encajonándolo a dedicarse a las actividades que ellos, como gurús todopoderosos, escogieran. Afortunadamente, quienes así piensan han venido quedando en franca minoría.

El segundo gran consenso sería la eliminación de los subsidios generalizados, sobre todo los de la gasolina y de la energía eléctrica, focalizando las ayudas de manera directa a las capas más vulnerables de la población. A eso se añadiría la necesidad de eliminar los controles de todo género, porque tienen asfixiados a la economía nacional y atados de manos a los productores.

Uno de los puntos neurálgicos de cualquier Programa va a ser el nivel en que se fije el salario mínimo de arrancada. Está claro en que no puede ubicarse en un nivel similar al de otras economías saludables, y que llevan varios años creciendo. Tampoco puede estar en los escasos $6,00 en que hoy se encuentra. Por eso, se hace necesaria una reflexión en este sentido y que consiste en que, si se fija demasiado alto, crea un problema fiscal; y si se establece muy bajo, va a crear desempleo y conmoción social.

Finalmente, uno de los consensos más importantes va a ser la decisión de cómo se enfoca el tema de las empresas que anteriormente fueron productivas, y que hoy están en manos del Estado.

Durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, gobiernos de la más variada estirpe, desde militares como el de Marcos Pérez Jiménez, hasta social-demócratas, social-cristianos y, finalmente, socialistas, hicieron casi un dogma con respecto a que las actividades productivas “básicas” deberían estar en manos del Estado. Sin embargo, pareciera que la inmensa mayoría de la población está consciente de que mientras más básica es una actividad productiva, más importante es mantenerla alejada de las manos del Estado depredador.

A quienes todavía les falta convencerse de eso, es a algunos de nuestros políticos. Si estos se convencieran de que lo que da votos no es el estatismo, sino crear las condicione para que los particulares sean los que produzcan, el consenso en torno a esa realidad sería abrumadoramente mayoritaria.