El anuncio del Gobierno Nacional de suspender los suministros e insumos para realizar la diálisis peritoneal, “simplemente le da una sentencia de muerte” a más de 6.500 venezolanos que intentan mantenerse con vida mientras esperan, “entre paréntesis”, un trasplante porque también fueron paralizados, condenó el defensor de Derechos Humanos, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela, Francisco Valencia.
Lo que pretende hacer el Gobierno “no es viable” por las condiciones de este tipo de pacientes, sumado a la insuficiencia de máquinas a nivel nacional, incluso, la falta de insumos en el ramo de la hemodiálisis. Además, muchos no pueden ser migrados porque no tienen accesos vasculares y los niños, no pueden recibir este tratamiento. “Este es el signo o la evidencia del colapso de salud en Venezuela”, alertó.
El gobierno ya no tiene la capacidad de solventar “tan grave” situación y lo único que debe hacer, inmediatamente, es contactar a los organismos internacionales para que actúen con la ayuda internacional. “No hay otra solución en Venezuela que la ayuda humanitaria”, culminó.
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