El profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Rosnell Carrasco, alertó que la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las tasas y contribuciones especiales en las gobernaciones y alcaldías, “debilita” ambos niveles de gobierno.
La sentencia número N° 078-2020 de fecha 7 de julio, suspendió por 90 días la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos que establezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria.
El máximo tribunal ordenó a través del Vicepresidente Sectorial del Área Económica, y el Ministro del Poder Popular para la Industria y Producción, crear mesas de negociación para iniciar un proceso de armonización tributaria.
Carrasco enfatizó que ese proceso no es competencia del ejecutivo nacional.
“De acuerdo a la Constitución, esa es una competencia de la Asamblea Nacional,”, dijo.
“Eso es materia de reserva legal y la armonización tributaria debe ser fijada mediante una ley”, destacó.
“Suspender totalmente el poder tributario de los estados y los municipios, en el marco de la crisis económica que actualmente atraviesa el país, podría dejar a estas estructuras debilitadas, indicó.
“Sería incluso más peligroso al considerar que gobernaciones y alcaldías prestan servicios públicos esenciales”
Más allá de los 90 días
Para el especialista en derecho tributario, la población debe entender que la obligación del pago a las tasas y contribuciones especiales no fue extinguida.
En ese sentido, exhortó a los contribuyentes a permanecer atentos a los resultados de las mesas de trabajo.
“Mientras no cooperen los lapsos de prescripción establecidos en el código orgánico tributario, la administración tributaria podría, una vez transcurrido el plazo de la suspensión, iniciar los procedimientos administrativos a los fines de fiscalizar el cumplimiento de esas obligaciones”, expresó.
“Bien podrían exigir el pago una vez esta mesa para la armonización tributaria surta o no algún efecto”
A juicio de Rosnell Carrasco, el ejecutivo nacional tratará de imponer una contribución que violaría la autonomía tributaria de los estados y municipios.
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