Dilio Hernández, economista, director del CIAP y Asesor de Fedecámaras Táchira explicó que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) es un impuesto indirecto regresivo con efecto en cascada, es decir, acumulativo a lo largo de la cadena fiscal con graves fallas técnicas y legales para su aplicación, que no distingue entre personas naturales y jurídicas.
Se carga indiscriminadamente cuando cualquier persona paga en divisas cualquier bien o servicio hecha ante un sujeto pasivo calificado por el SENIAT como contribuyente especial, un supermercado, ferretería, farmacia, etc, que deberá cargar en su factura un 3 % al valor de la compra si lo cancela en divisas o criptoactivos, diferentes al Petro, con lo cual se afecta su poder adquisitivo sin discriminar si tiene o no recursos, si es rico o pobre.
«Para las empresas, además de la carga fiscal, constituye un gasto adicional pues debe adquirir o reprogramar las que tiene para adaptarlas a un sistema multimoneda de divisas que no existen en el país, con lo cual técnicamente su aplicación inmediata es un exabrupto, por no decir irresponsable pues genera una larga cadena de vicios, corrupción ,evasión fiscal ,etc. Del 80 % al 90 % de las empresas no tienen las máquinas fiscales acondicionadas para ejecutar el impuesto», destaca.
Desde el punto de vista jurídico, Hernández solicita revisión y reforma «por su carácter regresivo, discriminatorio y de inequidad fiscal, cuyo único beneficio es proporcionarle al Ejecutivo entre el 15 al 17% de los ingresos fiscales del gobierno, superior incluso al ISLR que terminará afectando su poder adquisitivo, elevando el costo de la vida e incrementando la pobreza de un país donde el 90% de su población vive en condiciones de pobreza de ingreso, el 60 al 70 % de las transacciones comerciales se hacen en divisas y las remesas de los más de 6,5 millones de venezolanos que emigraron y envían al país unos $3.000 millones para aliviar la situación de las familias que viven en el país, con una canasta básica de alimentos superior a los $400 mensuales».
Concluyeron que es fundamental que la sociedad venezolana, trabajadores, empresarios y sociedad civil organizada, aúnen esfuerzos para solicitar la reforma del impuesto, la posposición de su aplicación hasta que las condiciones técnicas y jurídicas estén dadas para su aplicación como alternativa fiscal para cubrir las necesidades del Estado.
Nota de prensa
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