Vejez en riesgo, ausencia de políticas da paso a incremento de muertes violentas

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El informe de victimización presentando por la Asociación Civil Convite, reveló – según subregistro – que, en 2022, al menos 300 adultos mayores murieron de forma violenta.

En entrevista para Fedecámaras Radio, la directora de proyectos de Convite, Francelia Ruiz, detalló que estas incidencias son consecuencia de “la ausencia de políticas de seguridad integral y protección de la vida de las personas de la tercera edad por parte del Estado venezolano”.

El reporte de la Asociación Civil titulado “Vejez en riesgo” detalló que los estados donde se contabilizaron el mayor número de muertes violentas fueron: Lara, Aragua y Carabobo; y que 70% de las víctimas fueron hombres.

“Durante el último semestre de 2022, 26.5% de las muertes fueron reportadas como suicidios, 37% de los victimarios habrían sido vecinos, amigos y conocidos de los fallecidos; 6% del subregistro murieron por falta de atención y otro 39% en hechos delictivos (robo)”.

De acuerdo con Ruíz, la violencia de género también ha afectado a las personas mayores; destacó el alarmante auge de feminicidios orientados a personas de la tercera edad en el país.

En otro punto, la activista aseguró que la entrega de remesas por parte de familiares en el exterior ha reducido debido al contexto de la pandemia del Covid-19; “esto ha llevado a muchas personas de la tercera edad a reincorporarse al sector laboral”.

“Hubo un incremento cercano al 10% de personas mayores que se incorporaron nuevamente al trabajo en comparación con el año 2021”; apuntó.

Para Ruíz, políticas gubernamentales como “Amor Mayor” o el pago de la pensión “son insuficientes al momento de cubrir las necesidades y derechos básicos”.

Declaró que, desde Convite se realizan distintas actividades orientadas a brindar servicios a personas mayores en necesidad, pero reafirmó que la organización “no puede, ni pretender, suplantar al Estado venezolano” e instó al Gobierno a desarrollar un Plan Nacional para la Vejez y crear una Defensoría de Atención a las Personas Mayores.