Alí Daniels, abogado, profesor universitario y director de la ONG Acceso a la Justicia, aseveró que la Corte Penal Internacional (CPI) en realidad no dio tres meses, sino que fueron cuatro meses como plazo al gobierno venezolano para entregar respuestas sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Daniels explicó que debido a que el lapso vencía el día 3 de diciembre y esta nueva extensión se dio el 16 de enero, ya había pasado un mes de vencimiento del lapso cuando se le otorgó la nueva extensión de tres meses, por lo que asegura que en realidad son cuatro.
De igual modo el abogado manifestó la forma en la que se dio a conocer la noticia de la extensión del plazo se trata de una comunicación en la que se pone de manifiesto que ya el fiscal no es el que dirige el proceso.
Explicó también que el examen preliminar en una competencia exclusiva del fiscal encargado del proceso, donde no tiene que darle cuentas a nadie y agregó que con esta comunicación el fiscal le notifica a la sala de cuestiones preliminares «yo hice esto y lo someto a su consideración».
“Todavía, aunque el lapso ya él lo otorgó, puede que la Corte opine al respecto y lo desautorice o no, entonces, en ese sentido, no está todavía dada la última palabra sobre este lapso”
El director de la ONG Acceso a la justicia, puntualizó que lo que les preocupa es que el artículo 18 del Estatuto de Roma establece el lapso de un mes y no dice que puede ser prorrogable.
“Darle más tiempo un gobierno que justamente su estrategia es ganar tiempo no nos parece la mejor política cuando se trata de crímenes de lesa humanidad”
Análisis estratégico
Daniels manifestó que existen dos estrategias que el gobierno venezolano está implementando, la primera es tener sentencias condenatorias de algunos casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad, sin embargo, el abogado expresó que estas sentencias condenatorias en ningún momento están tocando las cadenas de mando, sino solo a los autores materiales. La segunda medida que a su juicio está estableciendo el Estado venezolano es realizar reformas de leyes.
“Del segundo semestre para acá, se han reformado más de veinte leyes, la más reciente sabemos, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, en donde para dar una apariencia de cambio institucional, en realidad no solamente no cambia nada, sino que las cosas empeoren”
El abogado expresó que en el caso del Tribunal Supremo de Justicia puede su reforma de ley catalogarse como peor, exponiendo que incluso pueden reelegirse magistrados, a pesar de que la constitución dice que los magistrados son de un período único no reelegible.
“Por lo cual los responsables de la catastrófica situación del poder judicial en Venezuela podrían estar en él, como un magistrado, más de veinte años y no los doce que dice la constitución”
Daniels sostuvo que el gobierno no tiene cómo demostrar que ha juzgado a las cadenas de mando, puntualizó de hecho hay casos que, a su juicio, justamente demuestran todo lo contrario. Colocó como ejemplo la sentencia realizada a mediados del año pasado, en la que se condenó a diez personas por la violación de un joven en el estado Zulia, situación en la que la víctima señaló a once implicados, así como testigos señalaron lo mismo, sin embargo, la ley no actuó sobre el undécimo implicado puesto que era un supervisor.
El abogado y también profesor expresó que, pese a que parte de los perpetradores de la violación fueron enjuiciados, esto en vez de mostrar que se juzga a los responsables, demuestra todo lo contrario, porque una persona que pertenecía a la cadena de mando no fue juzgada a pesar de ser señalada.
“Ahí vemos como las cadenas de mando no solamente no son investigadas, si no que, todo lo contrario, son una garantía de impunidad, y en ese sentido, esperemos que esa sea la investigación que vaya a hacer el fiscal cuando venga acá a decir cuáles son las cadenas de mando que están siendo investigadas y que están siendo juzgadas”
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