Para el coordinador Nacional del Comité de Derechos Humanos para la defensa de pensionados, jubilados y adultos mayores, Edgar Silva, el incremento aprobado por el Ejecutivo Nacional, en cuanto al ingreso mínimo integral (bonos), continua vulnerado la estabilidad económica e ingresos de los pensionados, por lo que no descartan presentar documentos y quejas ante la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y esperan poder reunirse con el relator de la Organización de las Naciones Unidas que visitará el país el próximo mes de febrero, tras calificar los nuevos montos como un “crueldad”.

“Acabaron con el sistema de Seguridad Social, acabaron con las pensiones de los adultos mayores. Eso de 3,6 dólares al mes; es un exterminio”, enfatizó.

En entrevista para Fedecámaras Radio, Silva sentenció que la población debe fijar posición ante estas nuevas medidas económicas, las cuales no benefician a los abuelitos.

“Si no tienen un familiar o alguna institución, iglesia que preste ayuda humanitaria, nuestros adultos mayores se nos mueren”, concluyó.

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