OVP: 26 mil presos presentan desnutrición porque el Gobierno dejó en mano de familiares la alimentación

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Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano De Prisiones, indicó que la población penitenciaria en el país es un aproximado de 37.500 y se estima que entre 26 mil y 27 mil presentan un cuadro de desnutrición.
Señaló que el Estado dejó en manos de los familiares de los presos lo que es la alimentación completa de los mismos y comentó que cuando comenzó la pandemia se agravó la situación y prohibieron las visitas de los familiares.
Agregó que no se tiene una respuesta de parte del Estado sobre cuál es la razón de que no lleguen los alimentos a los centros de reclusión cuando existe un presupuesto para financiar los alimentos de las personas detenidas.
‘’¿Qué está pasando con los alimentos? No lo sabemos, las autoridades no han dicho nada, no han dado respuesta.’’
Señaló que desde final del mes de agosto del año 2020 el Ministerio de Servicios Penitenciarios dio unas directrices para que los familiares pudieran acceder a realizar las visitas pero restringidas. 
‘’Es lo que se ha hecho, y han aceptado que lleven los alimentos, han aceptado que lleven las ‘paqueterías’, y agua potable, porque si las familias no llevan agua potable entonces no tienen con qué asearse, con qué lavarse las manos, con que preparar alimentos.’’
Acotó que lamenta que no se haya preparado un protocolo para este caso de pandemia que ya tiene más de un año.
Girón precisó que las cifras de las cárceles no se conocen, pues no se sabe cuántos casos de COVID-19 hay actualmente ya que no se hacen pruebas de ningún tipo.
Explicó que han acudido a todas las instancias necesarias, a la Comisión Interamericana, además, tienen contacto con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, con el Comité Contra La Tortura y agregó que si el Estado no abre los espacios para recibir la ayuda de estos organismos no se puede hacer nada más.
En entrevista para el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas concluyó diciendo que los centros penitenciarios del país no cuentan con personal médico para poder administrarles tratamientos, y mucho menos para poder controlar el COVID-19.

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