derecho

González: “la política no puede ser un concurso de promesas”

21/07/2017

Por: Antonella Di Martino

El planteamiento realizado por el poder ejecutivo de implementar una Asamblea Nacional Constituyente en el país acarrea un gran costo para la población. De acuerdo a cálculos preliminares realizados en el observatorio de gasto público de CEDICE Libertad, se estima que la Constituyente puede costarle aproximadamente 8,6 millones de dólares calculados a tasa Dicom.

El economísta Enrique González Porras realizó un estudio denominado “El análisis económico del derecho” para explicar el efecto de las leyes o reglas y si son económicamente eficientes. Este estudio nos permite analizar no solo el tema de la constituyente en particular sino el cómo hemos llegado a la situación que enfrenta Venezuela actualmente.

“El análisis económico del derecho es una área de la economía que intenta analizar cuál es la relación que existe entre el marco institucional regulatorio y el desempeño a largo plazo en los países”, indicó González.

Adicionalmente, el economísta afirmó que el estudio se interesa en evaluar cómo estos marcos legales normativos condicionan la toma de decisiones de los agentes económicos, haciendo especial énfasis en países con una enorme dotación de recursos minerales o humanos, con localizaciones geográficas estratégicas, con un clima privilegiado, con una naturaleza extraordinario pero que sin embargo disponen de un desempaño muy disímil en comparación con países equivalentes o que cuentan con menores recursos.

“El marco institucional y jurídico debe servir para prestar un soporte entre las relaciones voluntarias por parte de los agentes económicos y que se multipliquen porque son a través de estas que se suplen necesidades, se genera riqueza y se genera bienestar”, aseguró el representante del estudio.

González mencionó como elementos fundamentales para generar prosperidad en un país la independencia de poderes, la descentralización  y la consolidación del respeto a los derechos de propiedad que representan el resguardo del fruto del esfuerzo.

“Desde la AN Constituyente no se ha hablado ni de una institución que implique eficiencia y garantía de generación de riquezas y bienestar. Se ha hablado de destruir la descentralización, de reducir la independencia de poderes y de reducir los derechos de propiedad, poniendo grupos corporativos de interés a hacer propuesta de captura del diseño de este marco general de consenso que sería la constitución sin el consentimiento de los venezolanos”, aseveró González.

Asimismo, indicó que la libertad económica, los derechos económicos y los derechos de propiedad están en riesgo con la Asamblea Nacional Constituyente, afirmando que se han limitado a tal punto que ha generado una inhibición de intercambios y contratos voluntarios mutuamente beneficiosos por parte de los agentes económicos.

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